Ampliación de Camisea viola derechos fundamentales de poblaciones vulnerables.
La exigencia de respetar el derecho a la vida e impedir el exterminio de los pueblos autónomos formuló la principal organización nacional indígena amazónica del Perú al gobierno del presidente Ollanta Humala.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) responsabilizó al Estado, a las empresas de hidrocarburos y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por la muerte o enfermedad que afecte a los pobladores que habitan ancestralmente una reserva territorial sobre la cual se efectuarán actividades extractivas.
El inicio de actividades es inminente luego que el ministerio de Energía y Minas aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto que amplía las actividades del Consorcio Camisea en el Lote 88, que se superpone a la reserva en un 74 por ciento.
